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El Tribunal Constitucional examinó el artículo 125, N° 1, de la Ley General de Pesca y…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional examinó el artículo 125, N° 1, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que permitía al Servicio Nacional de Pesca presumir, en el acto de fiscalización y sin previo procedimiento administrativo sancionador, que el fiscalizado era infractor. La mayoría declaró que esa presunción administrativa es manifiestamente contraria a la Constitución, por vulnerar el derecho a un procedimiento racional y justo del artículo 19 N° 3° de la Carta Fundamental, que se extiende a toda potestad estatal que imponga sanciones. El fallo acoge parcialmente el requerimiento. La disidencia estuvo a cargo del Ministro I.A.M., quien presidió el Tribunal.

Normas citadas

  • artículo 125, numeral 1, de LEY 18.892 - LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
Tribunal ConstitucionalINAAcción Penal PúblicaAdministracion PublicaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Una autoridad administrativa puede presumir que un fiscalizado es infractor en el acto de fiscalización, sin un procedimiento sancionador previo?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que esa presunción administrativa del artículo 125 N° 1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura es manifiestamente contraria a la Constitución, por vulnerar el derecho a un procedimiento racional y justo. El requerimiento fue acogido parcialmente.

¿El derecho a un procedimiento racional y justo del artículo 19 N° 3 de la Constitución se aplica a las sanciones administrativas?

En este caso, el Tribunal sostuvo que esta garantía se extiende a toda potestad estatal que imponga sanciones, y no solo a los procesos judiciales. Por eso consideró que la presunción de infracción en la fiscalización pesquera afectaba ese derecho.

¿Cómo se resolvió la constitucionalidad de las facultades fiscalizadoras del Servicio Nacional de Pesca en materia de presunción de infracción?

En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró inconstitucional la presunción administrativa de infracción en el acto de fiscalización. Hubo una disidencia, a cargo del Ministro que presidió el Tribunal.

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