Resumen del criterio jurisprudencial
El recurso de agravio constitucional fue interpuesto por Noemí Eladia Medina Minaya, Elizabeth Eunice Medina Minaya y Silas Bernabé Medina Minaya, en representación de la empresa Rey B&R E.I.R.L., contra la Resolución 9 de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que confirmó la improcedencia de su demanda de amparo. Los demandantes alegaron vulneración de sus derechos al trabajo, a la libertad de contratación y al principio de presunción de inocencia, al ser impedidos de contratar con el Estado por ser familiares de un congresista. El OSCE, ahora OECE, sostuvo que la norma impugnada persigue la integridad, imparcialidad y evita conflictos de intereses en la contratación pública. El Tribunal Constitucional, a través del voto del magistrado Gutiérrez Ticse, confirmó que la prohibición generó una lesión real al derecho al trabajo, pero declaró improcedente la acción porque la Ley 30225 había sido derogada. En consecuencia, la demanda fue rechazada y no se declaró la inconstitucionalidad de la norma.