El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa de servicios financieros en contra del inciso tercero del artículo 448 septies del Código Penal, que permite el comiso de vehículos motorizados, herramientas e instrumentos utilizados en la sustracción de madera. El requerimiento surgió de una investigación penal seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue. El Tribunal acogió el requerimiento porque, aunque la norma fue correctamente interpretada por el juez del fondo, su aplicación a terceros ajenos al proceso penal, que son dueños de los vehículos decomisados, produce un efecto inconstitucional. Para el Tribunal, el problema no está en la interpretación judicial sino en el resultado que genera la aplicación de la disposición, por lo que corresponde excluirla del proceso.
Normas citadas
Artículo 448 septies del Código Penal
Artículo 226 bis del Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes
¿Puede decomisarse un vehículo motorizado que pertenece a un tercero ajeno al proceso penal por un delito de sustracción de madera?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que aplicar el comiso del artículo 448 septies a dueños de vehículos ajenos al proceso produce un efecto inconstitucional, por lo que la norma debe excluirse en ese caso.
¿Es inaplicable el inciso tercero del artículo 448 septies del Código Penal cuando el juez lo interpreta correctamente?
Según este fallo, la interpretación del juez del fondo fue correcta, pero el Tribunal sostuvo que el problema estaba en el resultado de aplicar la disposición, de modo que el requerimiento se acogió y la norma se excluyó del proceso.
¿Qué diferencia hay entre impugnar la interpretación judicial de una norma y pedir la inaplicabilidad de un precepto legal ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal indicó que el reproche no recaía en la interpretación judicial sino en los efectos que genera la aplicación del precepto, lo que justificó acoger el requerimiento de inaplicabilidad.
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