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La Contraloría General de la República tomó razón de cinco resoluciones de 2012 del Ser…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de cinco resoluciones de 2012 del Servicio Nacional para la P.R.C.D.A., que aprobaron modificaciones a convenios para la compra de meses de planes de tratamiento con diversas entidades ejecutoras. Sin embargo, la Contraloría dejó constancia de que la cláusula tercera de los convenios afirmaba que los planes podían realizarse en establecimientos subcontratados, lo que no está previsto en la cláusula sexta: los tratamientos debían realizarse en establecimientos de dependencia de la entidad, individualizados en un anexo. Esta interpretación se ajusta a las bases de los respectivos procesos licitatorios aprobadas en 2011 (numeral 7.3). Por ello, la toma de razón se cursó con alcance.

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Preguntas frecuentes

¿Pueden los tratamientos de un convenio de compra de planes de tratamiento realizarse en establecimientos subcontratados por la entidad ejecutora?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no, porque la cláusula sexta exige que los tratamientos se realicen en establecimientos de dependencia de la entidad, individualizados en un anexo, lo que se ajusta a las bases de licitación aprobadas en 2011.

¿Qué efecto tiene la toma de razón de una resolución que contiene una cláusula contradictoria en un convenio administrativo?

En este caso, la Contraloría tomó razón de las resoluciones que aprobaron las modificaciones, pero con alcance, dejando constancia de que la cláusula tercera, que permitía subcontratar, no es compatible con la cláusula sexta ni con las bases licitatorias.

¿Qué valor tienen las bases de una licitación pública al interpretar el contenido de un convenio posterior celebrado por un servicio público?

En este caso, la Contraloría señaló que la interpretación correcta del convenio debe ajustarse a las bases de los respectivos procesos licitatorios, específicamente a su numeral 7.3, que no permite la subcontratación de los establecimientos.

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