El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la apelación y confirmó la sentencia de p…
Sentencia · Tribunal Calificador de Elecciones · 2025
Resumen
El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la apelación y confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a un Consejero Regional por infracción a las normas de probidad administrativa. La conducta consistió en realizar propaganda electoral desde su cargo público, en el contexto de una aspiración a la reelección. Una ministra previno que, por tratarse de un hecho aislado ocurrido hace cerca de cuatro años y no reiterado, no alcanzaba la entidad necesaria para la inhabilitación del artículo 41 de la Ley N°19.175, aunque sí existía una afectación a la probidad. Señaló que la autoridad debe ejercer su función con estricta sujeción a la legalidad, pues valerse de su posición para hacer propaganda debilita al candidato desafiante, que carece de esos mismos espacios.
Normas citadas
Ley N° 19.175
Artículo 41 de la Ley N° 19.175
TRICELjusticia electoralApelación
Preguntas frecuentes
¿Puede un consejero regional hacer propaganda electoral desde su cargo público para su reelección?
En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones confirmó la condena de un Consejero Regional por infracción a las normas de probidad administrativa, al realizar propaganda electoral desde su cargo en el contexto de su aspiración a la reelección. El tribunal sostuvo que la autoridad debe actuar con estricta sujeción a la legalidad.
¿Cuándo el uso de un cargo público para hacer propaganda electoral lleva a la inhabilitación según el artículo 41 de la Ley N° 19.175?
En este caso, una ministra previno que, al tratarse de un hecho aislado y no reiterado, la conducta no alcanzaba la entidad necesaria para la inhabilitación del artículo 41, aunque sí afectaba la probidad. El análisis se centró en la gravedad y reiteración de la conducta.
¿Por qué la propaganda electoral desde un cargo público afecta la competencia en una elección?
En este caso, el tribunal señaló que valerse de la posición pública para hacer propaganda debilita al candidato desafiante, que carece de esos mismos espacios. Esa ventaja indebida vulnera la igualdad en la contienda electoral.
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