El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad de norma…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2016
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad de normas de un proyecto de ley que modificaba la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para permitir consejos y planes comunales de seguridad pública. La discusión se centró en si la disposición que incorpora el plan comunal de seguridad pública como instrumento de gestión municipal incidía en las funciones y atribuciones esenciales de los municipios, materia reservada a la ley orgánica constitucional. El Tribunal concluyó que la norma no se refiere a las funciones ni a las atribuciones municipales, sino que al plan comunal entendido como un instrumento de gestión municipal, un medio para satisfacer las necesidades de la comunidad local, por lo que dicha materia es de competencia del legislador común y escapa a la exigencia de la ley orgánica constitucional, resolviendo en consecuencia.
¿Puede una ley común regular los planes comunales de seguridad pública o requiere ley orgánica constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el plan comunal de seguridad pública es un instrumento de gestión municipal y no se refiere a las funciones ni atribuciones esenciales de los municipios, por lo que su regulación corresponde al legislador común y no a la ley orgánica constitucional.
¿Qué se entiende por plan comunal de seguridad pública para efectos de su regulación legal?
En este caso, el Tribunal Constitucional lo entendió como un instrumento de gestión municipal, un medio para satisfacer las necesidades de la comunidad local, y no como una norma que incida en las funciones y atribuciones municipales.
¿El control preventivo del Tribunal Constitucional alcanza a normas sobre planes comunales de seguridad pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad de las normas del proyecto y concluyó que la disposición sobre el plan comunal de seguridad pública escapa a la exigencia de ley orgánica constitucional por ser materia de competencia del legislador común.
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