Resumen
La Corte Suprema conoció los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en un juicio ejecutivo, en el que una tercería de posesión había sido rechazada de plano por el tribunal de primera instancia. El máximo tribunal razonó que las tercerías de posesión, aunque se tramiten incidentalmente, constituyen juicios autónomos del juicio ejecutivo, con partes y conflicto jurídico propios, de modo que la resolución que las termina tiene carácter de sentencia definitiva. Por ello, el tribunal no podía rechazarla de plano sin dar traslado a los demandados ni recibir la causa a prueba cuando existieran hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Esa omisión configuró una irregularidad trascendente, con efectos extensivos, que afectó el contradictorio, la igualdad de armas y el debido proceso. En consecuencia, la Corte, usando las facultades correctoras del inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, anuló de oficio todo lo actuado en el cuaderno de tercería y ordenó al juez de primera instancia no inhabilitado proveer la demanda de tercería como en derecho corresponde, dándole la debida tramitación, sin emitir pronunciamiento sobre los recursos de casación formulados.