El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, interpuesto por un imputado por delitos de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas estupefacientes o psicotrópicas y porte ilegal de arma de fuego. El requirente sostenía que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo. El Tribunal rechazó el requerimiento, concluyendo que la norma no es inconstitucional: la pena privativa de libertad no lo es en sí misma y el legislador puede establecer formas de presidio efectivo en delitos determinados. Explicó que, al tratarse de un control concreto, los delitos imputados quedan dentro de la potestad legislativa para excluir la pena sustitutiva por el mayor reproche que contienen, sin que ello sea discriminatorio ni carente de razonabilidad. Precisó que la proyección de una eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 2°, constitucional
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
Ley Nº 18.216, artículo 1°, inciso segundo
inconstitucionalidadigualdad ante la leyderecho a un procedimiento racional y justopena privativa de libertadlegisladorrazonabilidad
Preguntas frecuentes
¿El legislador puede excluir la pena sustitutiva para delitos determinados sin vulnerar la igualdad ante la ley?
Sí, según este fallo, el Tribunal Constitucional estimó que el legislador puede excluir la pena sustitutiva en delitos específicos por el mayor reproche que contienen. Esa diferencia no se considera discriminatoria ni carente de razonabilidad.
¿Quién determina la eventual pena que se aplicará en un caso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la proyección de una eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura. El control concreto se limita a la constitucionalidad de la norma aplicable.
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