El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a la información present…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a la información presentado contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El solicitante había pedido información y el organismo entregó datos que no satisfacían lo requerido, además de imponer condiciones o restricciones de uso sobre lo entregado. El Consejo rechazó el amparo, pero representó al Subsecretario de Vivienda y Urbanismo la infracción al artículo 19 de la Ley de Transparencia por condicionar el derecho de acceso a la información pública, ordenándole adoptar medidas administrativas para que situaciones como esa no se repitan. La decisión fue adoptada por unanimidad de los consejeros presentes y notificada a las partes, con la posibilidad de reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de plazo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoVivienda
Preguntas frecuentes
¿Se puede condicionar el uso de la información entregada por un organismo público al solicitar acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia representó al Subsecretario de Vivienda y Urbanismo la infracción al artículo 19 de la Ley de Transparencia por condicionar el derecho de acceso a la información pública, ordenándole adoptar medidas para que situaciones como esa no se repitan.
¿Qué ocurre si el organismo entrega información que no satisface lo solicitado en una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo pese a que el organismo entregó datos que no satisfacían lo requerido, pero representó al Subsecretario la infracción por condicionar el acceso y le ordenó adoptar medidas administrativas para evitar que se repita.
¿Se puede reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la decisión del Consejo para la Transparencia fue notificada a las partes con la posibilidad de reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de plazo.
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