El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo presentado contra el Ejé…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo presentado contra el Ejército de Chile por la negativa a entregar información sobre presupuestos y remuneraciones. El Consejo acogió el amparo por la unanimidad de sus miembros presentes, tras concluir que la información solicitada es pública y debe ser entregada. En consecuencia, requirió al Comandante en Jefe del Ejército que entregue la información consultada en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y que informe el cumplimiento de lo ordenado. La resolución fue notificada a la reclamante y a la institución, y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoDefensa
Preguntas frecuentes
¿Se puede negar la entrega de información sobre presupuestos y remuneraciones de una institución pública como el Ejército?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la información solicitada sobre presupuestos y remuneraciones es pública y debe ser entregada, acogiendo el amparo presentado contra el Ejército.
¿Qué plazo tiene un órgano público para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo requirió al Comandante en Jefe del Ejército entregar la información consultada en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
En este caso, se indicó que en contra de la resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de quince días corridos, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración del Estado.
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