La Defensora Penal Penitenciaria dedujo recurso de amparo en favor de una ciudadana ext…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Defensora Penal Penitenciaria dedujo recurso de amparo en favor de una ciudadana extranjera condenada por tráfico de drogas, alegando que Gendarmería de Chile no había reconocido íntegramente el tiempo de prisión preventiva que debía abonarse a su pena, y que la tramitación del decreto de reducción de condena por buena conducta se encontraba demorada. La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el amparo, sin costas, y ordenó a Gendarmería incorporar el abono de 101 días reconocido en la sentencia ejecutoriada y comunicarlo a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia para la dictación del decreto respectivo, otorgando a esta un plazo de 5 días desde que reciba los antecedentes. La Corte fundó su decisión en que el artículo 26 del Código Penal exige abonar íntegramente la prisión preventiva a la pena, de modo que la omisión administrativa en ese reconocimiento constituye privación de libertad ilegal, y en que la Ley N°19.856 exige celeridad en la tramitación del decreto de reducción.
Normas citadas
Artículo 21 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República
Artículo 26 del Código Penal
Artículo 348 del Código Procesal Penal
Artículos 2 y 4 de la Ley N°19.856
Artículos 68, 74 y 75 del Reglamento de la Ley N°19.856
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre recurso de amparo
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Preguntas frecuentes
¿Gendarmería puede omitir el abono de la prisión preventiva a la pena de un condenado y así mantenerlo privado de libertad?
No. En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel sostuvo que el artículo 26 del Código Penal exige abonar íntegramente la prisión preventiva a la pena, por lo que la omisión administrativa de ese reconocimiento constituye privación de libertad ilegal, y acogió el amparo ordenando incorporar el abono reconocido en la sentencia.
¿Procede el recurso de amparo cuando la demora en la tramitación de un beneficio de reducción de condena mantiene a una persona privada de libertad?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Penitenciaria, considerando que la demora administrativa en la tramitación del decreto de reducción y el abono no reconocido configuraban una privación de libertad ilegal.
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