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La Dirección del Trabajo dictaminó que no se ajustan a derecho unas instrucciones de un…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 1997

Resumen

La Dirección del Trabajo dictaminó que no se ajustan a derecho unas instrucciones de una fiscalizadora que ordenaban a un empleador pagar cotizaciones previsionales sobre una base superior a las remuneraciones pactadas en el contrato, al calificar como remuneración las asignaciones de movilización y colación. La controversia surgió una vez extinguida la relación laboral. El organismo concluyó que los asuntos litigiosos entre las partes derivados de la extinción del contrato corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia, en particular a los Juzgados de Letras del Trabajo, por requerir estudio, prueba y ponderación. Se citó jurisprudencia administrativa previa en el mismo sentido, sin perjuicio de la facultad de los fiscalizadores para sancionar con multa las infracciones objetivas que constaten.

Normas citadas

  • Código del Trabajo
  • Artículo 420 del Código del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿Las asignaciones de movilización y colación forman parte de la base para pagar cotizaciones previsionales?

En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que no se ajustan a derecho las instrucciones de una fiscalizadora que ordenaban pagar cotizaciones sobre una base mayor a la pactada, al calificar esas asignaciones como remuneración. Por lo tanto, no se ordenó incluirlas en esa base.

¿A quién corresponde resolver los conflictos laborales entre trabajador y empleador tras terminar el contrato?

En este caso, el organismo sostuvo que los asuntos litigiosos derivados de la extinción del contrato corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia, en particular a los Juzgados de Letras del Trabajo, por requerir estudio, prueba y ponderación. Así lo señaló al declararse incompetente para pronunciarse sobre esa controversia.

¿Puede un fiscalizador de la Dirección del Trabajo sancionar con multa a un empleador?

En este caso, el dictamen indicó que los fiscalizadores conservan la facultad de sancionar con multa las infracciones objetivas que constaten. Esto se mantiene sin perjuicio de que las instrucciones cuestionadas no se ajustaban a derecho.

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