Resumen del criterio jurisprudencial
Amparó el derecho fundamental a la salud de una persona privada de libertad, diagnosticada con un tumor cerebral. La Corte concluyó que existieron fallas en la atención médica por parte de las entidades responsables del sistema penitenciario y ordenó adoptar medidas para garantizar la continuidad de los tratamientos. La decisión reiteró que las personas en reclusión dependen enteramente del Estado para acceder a los servicios médicos, por lo que no pueden verse afectadas por obstáculos administrativos ni de presupuesto en estos casos.