El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter, incisos primero y segundo, de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), que suspende la ejecución de penas sustitutivas en casos de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias con resultado de muerte o lesiones graves. La norma no prohíbe las penas sustitutivas, sino que suspende su cumplimiento por un tiempo determinado, durante el cual el condenado debe cumplir efectivamente la pena privativa de libertad. El Tribunal rechazó el requerimiento y concluyó que el precepto no resulta contrario a la Constitución, considerando prudente la previsión legislativa frente al alto consumo de alcohol, especialmente entre jóvenes conductores.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional suspender las penas sustitutivas a quien causa muerte o lesiones graves conduciendo en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito no es contrario a la Constitución. Estimó prudente la previsión legislativa frente al alto consumo de alcohol, especialmente entre jóvenes conductores.
¿La ley de tránsito prohíbe las penas sustitutivas en delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves?
En este caso, el Tribunal explicó que la norma no prohíbe las penas sustitutivas, sino que suspende su ejecución por un tiempo determinado. Durante ese lapso, el condenado debe cumplir efectivamente la pena privativa de libertad.
¿Puede el juez aplicar una pena sustitutiva inmediatamente si el condenado conducía ebrio y causó lesiones graves?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 196 ter, incisos primero y segundo, de la Ley de Tránsito suspende el cumplimiento de la pena sustitutiva durante un plazo determinado. El condenado debe cumplir antes la pena privativa de libertad, y el Tribunal no consideró que esta regla vulnere la Constitución.
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