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La Contraloría General de la República dictaminó que no procede aplicar la ley N° 19.88…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que no procede aplicar la ley N° 19.886 de compras públicas, ni supletoriamente, para seleccionar al contratista que ejecutará proyectos del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, reglamentado por el decreto N° 27, de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanización, porque no existe vínculo contractual entre la E.P.M. y el contratista. Por ello, la instrucción del SERVIU de Ñuble a la Municipalidad de Bulnes, que le exigía determinar la procedencia de licitar conforme a la ley N° 19.886, no se ajustó a la normativa. El órgano precisó que la jurisprudencia citada por el servicio se refería a Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, que sí tenían contrato de construcción con el contratista. Asimismo, indicó que el decreto N° 27 no exige el cumplimiento de la ley N° 19.886 como requisito de admisibilidad ni de aprobación de los proyectos. En consecuencia, ordenó al SERVIU de Ñuble adoptar las medidas pertinentes para ajustar su actuar a este criterio.

Normas citadas

  • dto 27/2016 vivie art/4
  • dto 27/2016 vivie art/36
  • dto 27/2016 vivie art/42
  • ley 18695 art/8 inc/2
  • ley 19886 art/1
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Preguntas frecuentes

¿Se debe aplicar la ley de compras públicas 19.886 para seleccionar al contratista de proyectos del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que no procede aplicar la ley 19.886, ni supletoriamente, porque no existe vínculo contractual entre la entidad de gestión y el contratista. Tampoco el decreto 27 de 2016 exige su cumplimiento como requisito de admisibilidad o aprobación de los proyectos.

¿Es aplicable a proyectos de mejoramiento de viviendas la jurisprudencia sobre licitaciones de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social?

En este caso, la Contraloría precisó que la jurisprudencia citada por el servicio se refería a Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, que sí tenían contrato de construcción con el contratista. Por esa diferencia, no resulta aplicable al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.

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