Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Santiago rechazó la reclamación contra la Superintendencia de Salud, que sancionó a una fundación por exigir $550.000.- como condición para atender a una paciente menor de edad en urgencias. Sostuvo que el cobro previo vulnera el artículo 141 bis del DFL N°1 de 2005, que prohíbe garantías económicas en estas situaciones