Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución 13, de 2011, de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que aprobaba un contrato de consultoría para el diseño del Edificio Institucional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. El organismo la consideró no ajustada a derecho. Constató que el concurso, limitado a arquitectos habilitados, fue ganado por dos oficinas, pero el contrato se celebró solo con una de ellas, que actuaba por representación sin que el contrato lo reflejara correctamente. Además, detectó discrepancias en la superficie de referencia del proyecto, la ausencia de anexos como el programa de recintos y el anteproyecto ganador, la omisión de un plazo de revisión final, falta de correspondencia entre los estados de pago y las etapas, y la falta de antecedentes del jefe de proyecto y del equipo de trabajo exigidos en las bases.