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Libre competenciaRechaza

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conoció de dos demandas contra el Minist…

Sentencia · Tribunal de Defensa de la Libre Competencia · 2014

Resumen

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conoció de dos demandas contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por el diseño de las bases de licitación para otorgar concesiones de plantas de revisión técnica en las regiones V, VI y Metropolitana. La primera demandante cuestionó exigencias como la obligación de aumentar capacidad si los tiempos de espera superan 60 minutos, la certificación distinta a la ISO 9001:2008, la elaboración de software propio, la garantía de seriedad de $20.000.000 y las limitaciones a la adjudicación por región. La segunda, además, alegó un trato discriminatorio hacia inversionistas uruguayos, pero no acreditó cómo ello infringía la libre competencia. El Tribunal concluyó que las exigencias eran razonables, proporcionales y no discriminatorias, y que no existían bases suficientes para estimar vulnerada la competencia. Por ello rechazó ambas demandas en todas sus partes, sin costas para la primera por tener motivos plausibles para litigar, y condenó en costas a la segunda.

Normas citadas

  • Art. 1° inciso segundo D.L. N° 211
  • Art. 2° D.L. N° 211
  • Art. 3° inciso primero D.L. N° 211
  • Art. 18° N° 1) D.L. N° 211
  • Art. 22° inciso final D.L. N° 211
  • Art. 29° D.L. N° 211
  • Art. 170° Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes

¿Una garantía de seriedad de la oferta y límites a la adjudicación por región en una licitación pública vulneran la libre competencia?

En este caso, el Tribunal estimó que la garantía de seriedad de la oferta y las limitaciones a la adjudicación por región no vulneraban la libre competencia, al no existir bases suficientes para estimar lo contrario, y rechazó la demanda en todas sus partes.

¿Se puede alegar discriminación contra inversionistas extranjeros en una licitación pública sin acreditar el efecto sobre la competencia?

En este caso, el Tribunal rechazó la alegación de trato discriminatorio hacia inversionistas uruguayos porque la demandante no acreditó cómo ello infringía la libre competencia, y condenó en costas a esa parte.

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