Resumen
La sentencia analiza una propuesta de reforma constitucional, estableciendo que el control de constitucionalidad se limita a aspectos formales, no sustantivos, pues toda reforma modifica necesariamente el texto constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional puede controlar la convencionalidad sustantiva de la reforma, impidiendo que vulnere o retroceda en derechos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a la Convención de Viena y el principio de no regresión. En caso de discrepancia entre el Congreso y el Ejecutivo, este último puede convocar a un plebiscito vinculante dentro de 10 días tras el rechazo de su solicitud de reconsideración, a realizarse 120 días después. Si no convoca, debe promulgar la reforma. El resultado del plebiscito es vinculante: si se aprueba, se promulga; si se rechaza, se excluye lo rechazado, todo conforme a un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.