El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto por un particular en contra del SERVIU Región Metropolitana. El Consejo constató que la solicitud, en realidad, pedía que el órgano realizara investigaciones y gestiones respecto de determinados terrenos, lo que no corresponde al derecho de acceso a la información pública sino al ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, no procedía pronunciarse sobre el fondo. La resolución es unánime y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación, no así recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
amparoDecisión de inadmisibilidadGestión y administración territorial (Urbanismo)
Preguntas frecuentes
¿Una solicitud que pide al órgano realizar gestiones o investigaciones sobre un asunto es una solicitud de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que no. La solicitud pedía que SERVIU realizara investigaciones y gestiones sobre ciertos terrenos, lo que corresponde al derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución y no al derecho de acceso a la información pública.
¿Qué ocurre con un amparo de acceso a la información si no se ejerció el derecho de acceso en los términos que exige la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el amparo porque el solicitante no ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la ley. Por eso no se pronunció sobre el fondo del asunto.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, la resolución, que fue unánime, indica que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación, y no recurso de reposición.
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