El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones. La presentación del reclamante tenía por objeto expresar su molestia por la atención recibida en las oficinas del servicio, que no resolvió su consulta, y no cuestionar la falta de publicación o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de quince días corridos, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Cuándo declara inadmisible el Consejo para la Transparencia un reclamo por transparencia activa?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque el reclamante expresó molestia por la atención recibida en las oficinas del servicio, sin cuestionar la falta de publicación o acceso a información de transparencia activa. Por ello, concluyó que carecía de un elemento habilitante para su interposición.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de quince días corridos, y no el recurso de reposición.
¿Qué normas regulan la obligación de transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado?
En este caso, el Consejo se refirió al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento, que obligan a los órganos de la Administración del Estado a mantener información en sus sitios electrónicos.
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