El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones, en el que el reclamante sostenía que la institución no había publicado información obligatoria. El Consejo resolvió declarar inadmisible el reclamo, por no acreditarse infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento. Se indicó al reclamante que, si requiere un documento o antecedente específico, puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante el órgano o ante otro organismo de la Administración del Estado, y que sus consultas pueden realizarse en las oficinas o canales de atención de la institución. La decisión es impugnable mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si un órgano de la Administración del Estado no publica la información de transparencia activa que la ley le exige?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo contra el Servicio Nacional de Migraciones, porque no se acreditó infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento.
¿Puede una persona pedir un documento específico a un servicio público si no está publicado en su portal de transparencia?
Sí. En este caso, el Consejo indicó al reclamante que, si requiere un documento o antecedente específico, puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante el órgano o ante otro organismo de la Administración del Estado.
¿Cuál es el plazo y la vía para impugnar una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, la decisión es impugnable mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación.
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