La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una acción de protección interpuesta contra…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una acción de protección interpuesta contra el Fondo Nacional de Salud y el Ministerio de Salud por la negativa a financiar el medicamento Vosoritide (Voxzogo), prescrito para tratar la acondroplasia de una niña de 11 años. Los recurrentes alegaron vulneración de las garantías constitucionales de vida y salud. El tribunal rechazó el recurso: concluyó que el medicamento no está contemplado en la ley para financiamiento, que la negativa se encuentra debidamente fundada y que el tratamiento apunta a mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la vida de la menor. Además, recordó que los medicamentos de alto costo se incorporan mediante el procedimiento del Decreto N° 13 del Ministerio de Salud, que exige evidencia científica de eficacia, por lo que no hubo acto ilegal ni arbitrario.
Normas citadas
Artículo 19, números 1 y 2, Constitución Política de la República
Ley de medicamentos de alto costo
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Preguntas frecuentes
¿Puede exigirse por acción de protección que el Estado financie un medicamento de alto costo que no está incluido en la ley de financiamiento?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso porque el medicamento no estaba contemplado en la ley para financiamiento y la negativa estaba debidamente fundada. El tribunal no encontró acto ilegal ni arbitrario en la decisión de no financiarlo.
¿Cómo se incorpora un medicamento de alto costo al financiamiento público según la jurisprudencia?
En este caso, la Corte recordó que estos medicamentos se incorporan mediante el procedimiento del Decreto N° 13 del Ministerio de Salud, que exige evidencia científica de eficacia. Según el fallo, esa vía es la que corresponde seguir para su financiamiento.
¿Se vulneran el derecho a la vida y a la salud cuando se niega un tratamiento que solo mejora la calidad de vida?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que el tratamiento apunta a mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la vida de la menor. Por ello, descartó la vulneración alegada de las garantías de vida y salud del artículo 19 de la Constitución.
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