El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra preceptos del Código Sanitario sobre fiscalización, actas y sanciones administrativas aplicadas por infracciones en la fabricación y distribución de un producto farmacéutico. La sentencia rechazó el requerimiento, con prevenciones y disidencias. Una de las prevenciones concurrió al rechazo solo en parte, en relación con los artículos 156, 166 y 171 inciso segundo del Código Sanitario, atendida la aplicación que en ese caso concreto hizo el juez del fondo. Según el texto, la sentencia advierte que la falta de criterios permitía que las multas carecieran de fundamentación y se justificaran solo por encontrarse dentro del mínimo y máximo legal del artículo 174 inciso primero, lo que el requerimiento sostenía vulneraba el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución.
Normas citadas
artículos 156, 166, 171, inciso segundo; y 174, inciso primero, del Código Sanitario
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional que las multas sanitarias se fijen dentro del mínimo y máximo legal sin una fundamentación específica?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que sostenía que los preceptos del Código Sanitario vulneraban el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución. Una prevención advirtió que la falta de criterios podía dejar multas sin fundamentación, justificadas solo por estar entre el mínimo y el máximo del artículo 174 inciso primero.
¿Puede el Tribunal Constitucional rechazar un requerimiento de inaplicabilidad contra normas sancionatorias sanitarias aunque advierta riesgos en su aplicación?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, pero una prevención concurrió al rechazo solo en parte, atendida la aplicación que en ese caso concreto hizo el juez del fondo a los artículos 156, 166 y 171 inciso segundo. Así, la sentencia advirtió los riesgos de sanciones carentes de criterios claros, sin acoger el requerimiento.
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