La Superintendencia de Pensiones emitió un oficio dirigido al gerente general de una ad…
Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2012
Resumen
La Superintendencia de Pensiones emitió un oficio dirigido al gerente general de una administradora de fondos de pensiones (AFP) para recordarle una obligación regulatoria. La AFP había informado que la estructura societaria utilizada para adquirir indirectamente la propiedad de la administradora era temporal y que sería modificada por exigencias de otros organismos reguladores. El organismo señaló que la autorización previa otorgada para esa adquisición se fundó en las partes involucradas y sus porcentajes de participación, por lo que cualquier modificación de esa estructura que afecte en más de un porcentaje relevante los derechos sociales de la administradora requiere autorización previa de la Superintendencia, conforme a los artículos 24 A y 94 N°1 del D.L. N° 3.500, de 1980.
Preguntas frecuentes
¿Una AFP puede modificar su estructura societaria de propiedad sin pedir autorización a la Superintendencia de Pensiones?
En este caso, la Superintendencia recordó a una AFP que la autorización previa para su adquisición se basó en las partes involucradas y sus porcentajes de participación. Por ello, cualquier modificación que afecte en más de un porcentaje relevante los derechos sociales requiere autorización previa del organismo, según los artículos 24 A y 94 N°1 del D.L. N° 3.500.
¿Basta con que una estructura societaria sea temporal para no requerir autorización de la Superintendencia de Pensiones al cambiarla?
En este caso, la AFP informó que la estructura utilizada para adquirir indirectamente la administradora era temporal y que sería modificada por exigencias de otros reguladores. La Superintendencia dejó claro que el carácter temporal no exime de la obligación de autorización previa si la modificación afecta relevantemente los derechos sociales.
¿Qué obligación regulatoria tienen las AFP al modificar quiénes controlan indirectamente la administradora?
En este caso, el organismo recordó que cualquier cambio en la estructura de propiedad que afecte en más de un porcentaje relevante los derechos sociales de la AFP debe ser autorizado previamente por la Superintendencia de Pensiones, conforme a los artículos 24 A y 94 N°1 del D.L. N° 3.500, de 1980.
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