El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió los recursos de varios ciudadanos ital…
Sentencia · 2025
Resumen
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió los recursos de varios ciudadanos italianos cuyos terrenos y edificios fueron confiscados por infracciones urbanísticas de lotización ilícita. La Corte concluyó que la confiscación fue desproporcionada y vulneró el derecho al respeto de los bienes, y que la responsabilidad penal se estableció a posteriori, sin condena previa en un procedimiento penal regular, lo que infringió el principio nulla poena sine lege del artículo 7 de la Convención. Por ello condenó al Estado italiano al pago de indemnizaciones por daño material y moral, más costas, con intereses por mora desde el vencimiento del plazo fijado.
Normas citadas
Artículo 7 Convención Europea de Derechos Humanos (nulla poena sine lege)
Artículo 1 Protocolo 1 Convención Europea (respeto de los bienes)
Artículo 34 Convención Europea de Derechos Humanos
Artículo 44 § 2 Convención Europea de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes
¿Puede un Estado confiscar terrenos y edificios por infracciones urbanísticas de lotización ilícita sin vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos?
En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la confiscación fue desproporcionada y vulneró el derecho al respeto de los bienes. Además, la responsabilidad penal se estableció a posteriori, sin condena previa, lo que infringió el principio nulla poena sine lege del artículo 7.
¿Qué implica el principio nulla poena sine lege del artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos en un proceso de confiscación urbanística?
En este caso, la Corte concluyó que la responsabilidad penal se estableció sin una condena previa en un procedimiento penal regular, lo que infringió el artículo 7. Por eso el principio se consideró vulnerado.
¿Qué consecuencias económicas tiene para el Estado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por confiscación desproporcionada de bienes?
En este caso, el Tribunal condenó al Estado italiano al pago de indemnizaciones por daño material y moral, más costas. También ordenó intereses por mora desde el vencimiento del plazo fijado para el pago.
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