El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por contribuyentes contra la frase del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal que limita a determinados casos la posibilidad de que el Ministerio Público apele el auto de apertura de juicio oral cuando se excluye prueba. Los requirentes alegaban que la norma vulneraba el debido proceso, el derecho al recurso y la defensa, y establecía una diferencia arbitraria, ya que los recursos de apelación interpuestos por ellos habían sido declarados inadmisibles por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. El Tribunal concluyó que la situación del Ministerio Público es distinta a la de los demás intervinientes, en razón de su función constitucional y de la presunción de inocencia de los imputados, por lo que el trato diferenciado no resulta arbitrario. Asimismo, estimó que la decisión sobre la materia corresponde al juez del fondo y que la aplicación del precepto en el caso concreto es compatible con la Constitución.
Normas citadas
Art. 19 N° s 2 y 3 Constitución Política de la República de Chile
Art. 277 Código Procesal Penal
SIIjurisprudencia judicial tributariaFavorable al SII
Preguntas frecuentes
¿El Ministerio Público puede apelar un auto de apertura de juicio oral que excluye prueba en el proceso penal chileno?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la limitación del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal para que el Ministerio Público apele en ciertos casos no es arbitraria, porque su situación es distinta a la de los demás intervinientes por su función constitucional y por la presunción de inocencia del imputado.
¿Es inconstitucional que el Código Procesal Penal distinga entre el Ministerio Público y los demás intervinientes para recurrir de la exclusión de prueba?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que el trato diferenciado no vulnera el debido proceso, el derecho al recurso ni la igualdad ante la ley, por lo que el precepto es compatible con la Constitución en su aplicación concreta.
¿Quién decide si se admite la apelación contra la exclusión de prueba en la apertura del juicio oral?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que esa decisión corresponde al juez del fondo, por lo que la declaración de inadmisibilidad de los recursos por el juzgado de garantía no fue cuestionada en cuanto a su competencia para resolverla.
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