El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una persona que impugnó preceptos de la Ley N° 19.886 de compras públicas y del Código del Trabajo, que limitan la posibilidad de contratar con el Estado tras una condena en un juicio laboral. La mayoría sostuvo que la inhabilidad no constituye una sanción automática sino una consecuencia jurídica prevista por la ley, que no afecta el debido proceso ni la igualdad, y que la requirente no demostró una afectación concreta a sus derechos fundamentales. Los ministros disidentes estimaron que su aplicación impone una sanción adicional sin proceso judicial previo, vulnerando la igualdad y el debido proceso. Al no alcanzarse la mayoría necesaria para acoger el requerimiento, este fue desestimado.
Normas citadas
Art. 4° Ley N° 19.886
Art. 495 inciso final Código del Trabajo
Art. 173 Código del Trabajo
Art. 485 inciso primero Código del Trabajo
Art. 399 Código Orgánico de Tribunales
Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Una condena en un juicio laboral puede impedir contratar con el Estado en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la inhabilidad para contratar con el Estado tras una condena laboral es una consecuencia jurídica prevista por la ley y no una sanción automática, por lo que rechazó el requerimiento.
¿La inhabilidad para contratar con el Estado por una condena laboral vulnera el debido proceso o la igualdad ante la ley?
La mayoría del Tribunal Constitucional en este caso concluyó que la inhabilidad no afecta el debido proceso ni la igualdad. Los ministros disidentes, en cambio, estimaron que impone una sanción adicional sin proceso judicial previo.
¿Qué debe demostrar quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la requirente no demostró una afectación concreta a sus derechos fundamentales. Al no alcanzarse la mayoría necesaria para acoger el requerimiento, este fue desestimado.
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