Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el alcance del principio de finalidad en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, regulado por la ley N° 20.575, en el contexto de los registros de consultores y contratistas. El dictamen concluye que dicho principio establece una limitación, pues la comunicación de estos datos por quienes los administran solo puede efectuarse al comercio establecido para el proceso de crédito y a las entidades que participen en la evaluación de riesgo comercial, y una prohibición, pues nunca puede exigirse esa información en procesos de selección de personal, admisión escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público. Sin embargo, el principio no impide que la Administración requiera directamente a los interesados la información sobre su situación comercial o financiera, conforme al artículo 5° de la misma ley, cuando sea pertinente según los reglamentos respectivos de dichos registros.