El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que establece formas de cumplimiento de penas privativas de libertad. La parte requirente sostenía que dicha norma resultaba desproporcionada y contraria a la igualdad ante la ley. El requerimiento fue rechazado, pues el empate de votos entre los ministros (cuatro a favor de acoger y cuatro a favor de rechazar) no alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93 de la Constitución, y el voto del Presidente no dirime el empate conforme a la Ley N° 17.997. La sentencia añade que no es discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador establezca presidio efectivo en delitos como la violencia de género, el uso de armas prohibidas y el tráfico de drogas, y precisa que la eventual pena a imponer corresponde al tribunal penal competente.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Constitución Política
Artículo 8°, letra g) de la Ley N° 17.997
Ley N° 18.216, artículo 1°, inciso segundo
inaplicabilidad por inconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de las penasdebido procesopena privativa de libertadLey 18.216Tribunal Constitucionalempate de votos
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 1° de la Ley N° 18.216 por ser desproporcionado y contrario a la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque el empate de votos entre sus ministros no alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93 de la Constitución. Además, sostuvo que no es discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador imponga presidio efectivo en delitos como la violencia de género, el uso de armas prohibidas y el tráfico de drogas.
¿Qué pasa si hay empate de votos en un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el empate de cuatro votos a favor de acoger y cuatro a favor de rechazar impidió alcanzar la mayoría requerida, por lo que el requerimiento fue rechazado. El voto del Presidente del Tribunal no dirime el empate conforme a la Ley N° 17.997.
¿Quién determina la pena concreta que debe cumplir una persona condenada por delitos que tienen presidio efectivo según la Ley N° 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena a imponer corresponde al tribunal penal competente y no a él. Su pronunciamiento se limitó a la constitucionalidad de la norma que establece el presidio efectivo para ciertos delitos.
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