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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por falta de respuesta oportuna a u…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por falta de respuesta oportuna a una solicitud de acceso a información sobre mantención de árboles urbanos y convenios de arborización municipal. Acogió el amparo y representó a la alcaldesa de la municipalidad involucrada por dos infracciones a la Ley de Transparencia: haber respondido la solicitud una vez vencido el plazo legal de 20 días hábiles, afectando el principio de oportunidad, y no haber indicado a la reclamante la fuente, el lugar y la forma de acceder a información que se encontraba permanentemente disponible en formato electrónico. Ordenó a la autoridad municipal cumplir el requerimiento en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la ley, e informar el cumplimiento al Consejo. En contra de la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un municipio responde una solicitud de acceso a información después del plazo legal de 20 días hábiles?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y representó a la alcaldesa por responder fuera del plazo legal, afectando el principio de oportunidad de la Ley de Transparencia.

¿Debe el municipio indicar dónde y cómo acceder a información que ya está disponible en formato electrónico?

En este caso, el Consejo para la Transparencia representó a la alcaldesa por no indicar a la reclamante la fuente, el lugar y la forma de acceder a información que estaba permanentemente disponible en formato electrónico.

¿Qué plazo tiene el municipio para cumplir lo ordenado por el Consejo para la Transparencia y qué recurso procede?

En este caso, el Consejo ordenó cumplir el requerimiento en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la ley. En contra de la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, no reposición.

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