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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la multa de 40.000 euros impuesta…

Sentencia · 2025

Resumen

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la multa de 40.000 euros impuesta por la Administración a una concesionaria de un comedor escolar, por la presencia de restos de ADN de insectos en un menú. Si bien se confirmó la presencia de ese material genético, la Administración no acreditó efectos nocivos reales para la salud, y los informes presentados por la contratista avalaban la inocuidad del hallazgo. Las alegaciones de incumplimientos previos reiterados carecían de sustento probatorio suficiente. El tribunal concluyó que la infracción grave no quedó debidamente probada conforme a las cláusulas del contrato administrativo, por lo que estimó el recurso y dejó sin efecto la resolución impugnada. Impuso las costas a la Administración, limitadas a 3.000 euros, y dejó abierta la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Normas citadas

  • Cláusula 13.1 PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), punto 11
  • DA 15.ª LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial 1694/1985)
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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la Administración no prueba una infracción grave conforme a las cláusulas del contrato administrativo?

En este caso, el tribunal concluyó que la infracción grave no quedó debidamente probada conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares. Por ello, estimó el recurso y dejó sin efecto la resolución impugnada.

¿Se pueden usar alegaciones de incumplimientos previos reiterados para sostener una nueva sanción contractual?

En este caso, el tribunal sostuvo que las alegaciones de incumplimientos previos reiterados carecían de sustento probatorio suficiente, por lo que no sirvieron para respaldar la sanción. Quedó abierta la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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