El Consejo para la Transparencia conoció de una solicitud de amparo presentada por un p…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció de una solicitud de amparo presentada por un particular en contra del Instituto de Previsión Social, en la que pedía que se le entregara información sobre las razones por las cuales su padre recibía una pensión baja. El Consejo determinó que esa presentación no constituía un ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que correspondía al derecho de petición consagrado en la Constitución, ya que su finalidad era obtener un pronunciamiento que aclarara una situación previsional y no la entrega de información contenida en los soportes que señala la Ley de Transparencia. En consecuencia, al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información en los términos exigidos por esa ley, el Consejo acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, declarar inadmisible el amparo, ordenar las notificaciones correspondientes y señalar que en contra de esa decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de quince días corridos, sin que proceda el recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadTrabajo
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si la solicitud no pide información pública en los términos de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la presentación no constituía un ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que correspondía al derecho de petición consagrado en la Constitución.
¿Qué recurso procede en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo por no ser materia de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia señaló que en contra de esa decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de quince días corridos, sin que proceda el recurso de reposición.
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