El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por la falta de publicación de las declaraciones de patrimonio e intereses de sus autoridades. El Consejo concluyó que la Ley de Transparencia no fija un plazo para dicha publicación en el sitio web, por lo que no existe infracción al artículo 7º de la ley ni al artículo 51 de su reglamento. Además, indicó que la fiscalización de la oportunidad, integridad y veracidad de las declaraciones corresponde a la Contraloría General de la República, ante la cual el interesado puede formular sus alegaciones y denuncias. Por ello, declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadEducación
Preguntas frecuentes
¿La Ley de Transparencia fija un plazo para publicar en el sitio web las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la Ley de Transparencia no fija un plazo para esa publicación en el sitio web, por lo que no hubo infracción al artículo 7º de la ley ni al artículo 51 de su reglamento.
¿Quién fiscaliza la oportunidad, integridad y veracidad de las declaraciones de patrimonio e intereses?
En este caso, el Consejo indicó que esa fiscalización corresponde a la Contraloría General de la República, ante la cual el interesado puede formular alegaciones y denuncias.
¿Cuál es el plazo para reclamar de la decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo por transparencia activa?
En este caso, el resumen indica que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde la notificación de la resolución.
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