El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible, por improcedente, un amparo al de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2010
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible, por improcedente, un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de La Araucanía. El reclamante había requerido al órgano que se pronunciara sobre una doble inscripción de dominio, lo que el Consejo estimó como ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución y no como una solicitud de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia. Al no existir una solicitud previa de información, el Consejo concluyó que no podía prosperar el amparo y lo declaró inadmisible por improcedente, conforme a los artículos 10 y 12 de la Ley de Transparencia y 28 y 29 de su Reglamento, ordenando notificar la decisión a las partes.
Normas citadas
Decreto Supremo 13 2009 Reglamento
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadBienes Públicos
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo al Consejo para la Transparencia si lo que pedí fue que un órgano se pronunciara sobre un problema de inscripción de dominio?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible por improcedente el amparo, porque estimó que ese tipo de requerimiento es ejercicio del derecho de petición y no una solicitud de acceso a la información regida por la Ley de Transparencia.
¿Qué requisitos exige el Consejo para la Transparencia para admitir un amparo por denegación de acceso a la información?
En este caso, el Consejo concluyó que no podía prosperar el amparo al no existir una solicitud previa de información en los términos de la Ley de Transparencia, y lo declaró inadmisible por improcedente conforme a los artículos 10 y 12 de esa ley y 28 y 29 de su Reglamento.
¿Cuándo un requerimiento a un órgano público se considera derecho de petición y no solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que pedir a la Secretaría Regional Ministerial que se pronunciara sobre una doble inscripción de dominio constituye ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución, y no una solicitud de acceso a la información.
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