El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo por denegación de acceso…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo por denegación de acceso a la información presentado contra el Instituto de Previsión Social. El requirente había acudido al Consejo alegando una negativa de acceso, pero el organismo concluyó que su presentación no constituyó una solicitud de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, materia ajena a su competencia. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso conforme a los artículos 5 y 10 de la ley, no podía tener lugar un amparo, y se declaró inadmisible por unanimidad de los miembros presentes. La resolución precisó que ello no obsta a que el requirente formule en el futuro una solicitud clara y precisa de un acto, documento o antecedente en poder del órgano, y notificó la decisión a las partes, dejando a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadTrabajo
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se declara inadmisible un amparo por denegación de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible un amparo porque la presentación no constituyó una solicitud de acceso a la información conforme a la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, materia ajena a su competencia.
¿Qué diferencia hay entre una solicitud de acceso a la información y el derecho de petición ante un órgano público?
En este caso, el Consejo sostuvo que la presentación del requirente no fue una solicitud de acceso en los términos de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sino ejercicio del derecho de petición, por lo que no podía tener lugar un amparo.
¿Qué puede hacer una persona si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su amparo?
En este caso, el Consejo precisó que ello no obsta a que el requirente formule en el futuro una solicitud clara y precisa de un acto, documento o antecedente en poder del órgano, y dejó a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
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