La Contraloría General de la República concluyó que no es procedente extraer o transfer…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República concluyó que no es procedente extraer o transferir recursos del Programa Asentamientos Precarios para financiar proyectos habitacionales mediante la figura de los aportes adicionales regulada en el decreto N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El órgano fundó su decisión en el principio de legalidad del gasto, previsto en el artículo 100 de la Constitución, en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y en la ley N° 10.336. Constató que el Programa Asentamientos Precarios no contempla el financiamiento de acciones del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, reglamentado por el decreto N° 49. Además, señaló que cualquier incremento de recursos para ese programa requiere una modificación presupuestaria, atribución que corresponde al Ministerio de Hacienda.
Normas citadas
Ley 21722 part/18/01/02/24 glo/04
ley 21722 part/18/01/02/24 glo/10
ley 21722 part/18/01/02/24 glo/13
ley 21722 part/18/01/02/24 glo/11
ley 21722 part/18/01/02/33 glo/04
ley 21722 part/18/01/02/33 glo/13
ley 21722 part/18/01/02/33 glo/05
ley 21722 part/18/01/02/33 glo/06
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un Serviu financiar proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con recursos del Programa Asentamientos Precarios mediante aportes adicionales?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no es procedente extraer o transferir recursos del Programa Asentamientos Precarios para financiar proyectos habitacionales mediante la figura de los aportes adicionales del decreto N° 49. Lo fundó en el principio de legalidad del gasto y en que ese programa no contempla el financiamiento de acciones del Fondo Solidario.
¿Qué se requiere para aumentar los recursos de un programa habitacional que no cuenta con esa financiación en su diseño?
En este caso, el órgano señaló que cualquier incremento de recursos para ese programa requiere una modificación presupuestaria. Esa atribución corresponde al Ministerio de Hacienda, no al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
¿Qué principio jurídico limita el uso de recursos públicos en programas habitacionales según la Contraloría?
En este caso, la Contraloría fundó su dictamen en el principio de legalidad del gasto, previsto en el artículo 100 de la Constitución, en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y en la ley N° 10.336. Concluyó que los fondos deben usarse solo para los fines que el programa contempla.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.