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La Contraloría General de la República se pronunció a petición de la Cámara de Diputado…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció a petición de la Cámara de Diputados sobre si una causal de término anticipado de contrato, contemplada en las bases de una licitación de servicios, infringe el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886 de Compras Públicas. La causal, incluida en el modelo de contrato de ambos anexos de las bases, permite poner término al contrato si el prestador acumula cuatro o más sentencias condenatorias y ejecutoriadas por prácticas antisindicales en un plazo de 18 meses, respecto de juicios originados en conductas posteriores a la suscripción. El organismo concluyó que no hay infracción: el artículo 4° prohíbe presentar ofertas a quienes hayan sido condenados por esas prácticas, mientras que la causal regula un evento sobreviniente durante la ejecución del contrato, situación distinta. Por ello, la regulación de la causal en las bases se ajusta a la ley.

Normas citadas

  • ley 19886 art/4 inc/1
  • ley 19886 art/13 lt/d
  • dto 250/2004 hacie art/22 num/11
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El artículo 4° de la Ley de Compras Públicas impide incluir en las bases de licitación causales relacionadas con condenas por prácticas antisindicales?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el artículo 4° solo impide participar en licitaciones a quienes hayan sido condenados por esas prácticas, por lo que no impide que las bases regulen una causal de término anticipado. Por lo tanto, la regulación de la causal en las bases se ajusta a la ley.

¿Qué diferencia existe entre la prohibición de ofertar por condenas antisindicales y la causal de término anticipado de un contrato administrativo?

En este caso, la Contraloría distinguió que la prohibición del artículo 4° opera al momento de presentar ofertas, mientras que la causal se refiere a sentencias condenatorias y ejecutoriadas acumuladas durante la vigencia del contrato. Por ello, concluyó que ambas situaciones son jurídicamente distintas.

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