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El Tribunal de Contratación Pública conoció de una acción de impugnación presentada por…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2025

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció de una acción de impugnación presentada por una unión temporal de proveedores contra la Municipalidad de Paine por la adjudicación de una licitación pública de servicios de monitoreo GPS para su flota de vehículos. El tribunal rechazó las tachas deducidas contra los testigos de la parte demandada, sin costas. En lo principal, acogió la impugnación al considerar que una respuesta aclaratoria que exigía certificar la licencia de mapas formaba parte integrante de las bases y era obligatoria para todos los oferentes; como la oferta adjudicada no acreditó dicha certificación, la evaluación y la resolución de adjudicación fueron declaradas ilegales y arbitrarias por vulnerar la igualdad de trato y la sujeción a las bases. Además, reconoció a la actora el derecho a demandar indemnizaciones civiles y perseguir responsabilidades administrativas, disponiendo que cada parte pague sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una oferta adjudicada no cumple con una respuesta aclaratoria obligatoria de las bases de licitación?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria la adjudicación porque la oferta no acreditó una certificación exigida en una respuesta aclaratoria que formaba parte de las bases.

¿Puede el Tribunal de Contratación Pública acoger una impugnación por vulneración de la igualdad de trato en una licitación?

Sí, en este caso acogió la impugnación al considerar que la evaluación y adjudicación vulneraron la igualdad de trato y la sujeción a las bases, al no exigir a todos los oferentes la misma certificación.

¿Qué derechos reconoce el Tribunal de Contratación Pública al proveedor que gana una impugnación contra una municipalidad?

En este caso, reconoció a la actora el derecho a demandar indemnizaciones civiles y perseguir responsabilidades administrativas, disponiendo que cada parte pague sus costas.

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