Resumen
La Contraloría General de la República rechazó el recurso extraordinario de revisión, así como las solicitudes de invalidación y revocación, interpuestos contra el dictamen N° 6.327, de 2019, que declaró improcedente que un municipio pagara los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios con cargo a los ingresos provenientes del impuesto de la ley N° 19.995. El organismo concluyó que la presentación no aportaba nuevos antecedentes que acreditaran un manifiesto error de hecho ni documentos de valor esencial desconocidos al emitirse el pronunciamiento, limitándose a reiterar argumentos ya ponderados. Además, distinguió el precedente invocado (dictamen N° 42.608, de 1994), donde se adquirió un bien que mejoraba un servicio municipal, de este caso, en que se trata de una contratación que debe financiarse con ingresos corrientes del municipio. Tampoco se invocaron vicios de legalidad que afectaran el dictamen impugnado.