El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento contra el artículo 1° de la Ley N°…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento contra el artículo 1° de la Ley N° 19.989, que regula el crédito universitario. La mayoría concluyó que la norma no vulnera los derechos invocados por la requirente, porque el crédito constituye un régimen especial que otorga beneficios a los deudores (plazos de gracia, cuotas limitadas al ingreso y reprogramación) y, a cambio, admite mecanismos de cobro como la retención de impuestos. Se explicó que la Tesorería General de la República actúa como recaudadora y no como acreedora, sin funciones jurisdiccionales, y que la devolución de impuestos es un derecho condicionado a la inexistencia de causas legales de retención, con notificación previa y un plazo de 30 días para acreditar la extinción de la deuda. Finalmente, se señaló que la retención no constituye expropiación y que corresponde al legislador establecer los mecanismos de cobro. La parte resolutiva, sin embargo, acoge el requerimiento solo en lo relativo a las causales de retiro del personal civil de FAMAE, empresa pública.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la Tesorería retenga la devolución de impuestos para cobrar un crédito universitario?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que el artículo 1° de la Ley N° 19.989 no vulnera los derechos invocados, porque el crédito es un régimen especial con beneficios para el deudor y, a cambio, admite la retención de impuestos como mecanismo de cobro.
¿La retención de la devolución de impuestos por deudas de crédito universitario constituye una expropiación?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la retención no constituye expropiación, y que corresponde al legislador establecer los mecanismos de cobro del crédito.
¿Puede la Tesorería General de la República retener devoluciones de impuestos sin intervención judicial?
En este caso, el Tribunal explicó que la Tesorería actúa como recaudadora y no como acreedora, sin funciones jurisdiccionales, y que la devolución está condicionada a la inexistencia de causas legales de retención, con notificación previa y un plazo de 30 días para acreditar la extinción de la deuda.
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