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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por una empresa de transportes contra el artículo 12 de la Ley N° 17.322, que permite el arresto hasta por quince días como apremio por el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales adeudadas. La empresa sostenía que esa medida vulneraba la prohibición de prisión por deudas reconocida en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. El tribunal estimó que el arresto no constituye una prisión por deudas prohibida, sino un apremio destinado a asegurar el cumplimiento de obligaciones previsionales de carácter público, justificado por el interés público en la cobranza de cotizaciones de seguridad social. La sentencia fue redactada por la Ministra D.M.M., con disidencia de la Ministra M.P.R..

Normas citadas

  • Artículo 12, Ley N° 17.322
  • Constitución Política de la República de Chile
  • Tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile
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Preguntas frecuentes

¿El arresto como apremio por no pagar cotizaciones previsionales constituye prisión por deudas prohibida en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que no. Sostuvo que el arresto de hasta quince días previsto en el artículo 12 de la Ley N° 17.322 es un apremio para asegurar el pago de obligaciones previsionales de carácter público, y no una prisión por deudas.

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 12 de la Ley N° 17.322 que permite el arresto por deudas de cotizaciones?

En este caso, el Tribunal rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa de transportes. Concluyó que la norma no vulnera la prohibición de prisión por deudas de la Constitución ni de los tratados de derechos humanos.

¿Se justifica el apremio de arresto para cobrar cotizaciones de seguridad social frente a la prohibición de prisión por deudas?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que sí, por el interés público en la cobranza de cotizaciones de seguridad social. Esa finalidad justifica el apremio, que no se aplica como castigo por una deuda común entre particulares.

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