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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a información…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2009

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a información presentado contra la Municipalidad de Las Condes, referido a antecedentes de denuncias por infracciones municipales. El requirente había sido derivado a revisar documentos de forma presencial y se le exigió el pago de derechos de desarchivo, lo que el Consejo consideró improcedente por contrariar el principio de gratuidad. En consecuencia, ordenó al municipio permitir el acceso a la información sin previo pago de derechos de desarchivo, pudiendo cobrar solo los costos directos de reproducción, y tarjar debidamente los datos personales de las personas naturales conforme a la Ley N° 19.628, como nombre, domicilio y RUT, cuando corresponda. Asimismo, requirió al alcalde cumplir la decisión en un plazo de diez días hábiles e informar su cumplimiento, y le recomendó adecuar su normativa interna a los principios de gratuidad y facilitación de la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio cobrar derechos de desarchivo para entregar información solicitada por Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró improcedente exigir el pago de derechos de desarchivo por contrariar el principio de gratuidad, y ordenó permitir el acceso sin previo pago, pudiendo cobrar solo los costos directos de reproducción.

¿Qué debe hacer un municipio con los datos personales contenidos en la información que entrega por transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó al municipio tarjar debidamente los datos personales de personas naturales conforme a la Ley N° 19.628, como nombre, domicilio y RUT, cuando corresponda.

¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia sobre acceso a información?

En este caso, el Consejo requirió al alcalde cumplir la decisión en un plazo de diez días hábiles e informar su cumplimiento, y le recomendó adecuar su normativa interna a los principios de gratuidad y facilitación.

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