Se trata de un recurso de protección presentado por un trabajador en contra de la Caja…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
Se trata de un recurso de protección presentado por un trabajador en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por descuentos efectuados en sus remuneraciones para el pago de créditos sociales, que el recurrente consideraba ilegales y arbitrarios. La Caja sostuvo que los descuentos se practicaban conforme a la Ley N° 18.833 por deudas vigentes y exigibles. La Corte de Apelaciones de Santiago constató que la entidad mantenía vigentes las acciones de cobro derivadas de los créditos, que los descuentos correspondían a dos créditos sociales y que el recurrente sólo había cuestionado la existencia de una causa ejecutiva respecto de uno de ellos. Concluyó que el descuento estaba dentro de las atribuciones del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y que el acto no adolecía de ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que rechazó el recurso sin costas.
Normas citadas
Constitución Política de la República, artículo 19 número 24
Constitución Política de la República, artículo 20
Ley N° 18.833, artículos 1, 19, 21 y 22
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Preguntas frecuentes
¿Puede una Caja de Compensación descontar créditos sociales de las remuneraciones de un trabajador afiliado?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección porque la Caja actuó dentro de la Ley N° 18.833, que permite descontar deudas vigentes y exigibles por créditos sociales. El tribunal consideró que el descuento no era ilegal ni arbitrario.
¿Es ilegal el descuento de créditos sociales en la liquidación de sueldo si el trabajador impugna la deuda?
En este caso, el recurrente sólo cuestionó la existencia de una causa ejecutiva respecto de uno de los dos créditos. La Corte constató que la Caja mantenía vigentes las acciones de cobro, por lo que el descuento se ajustó al artículo 22 de la Ley N° 18.833.
¿Qué debe acreditar una Caja de Compensación para que un descuento por créditos sociales sea considerado legal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo fallo fue confirmado por la Corte Suprema, verificó que existían créditos sociales vigentes con acciones de cobro activas. Con ello concluyó que el acto no adolecía de ilegalidad ni arbitrariedad.
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