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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra el Servicio de Impuestos Internos, que había denegado la entrega de correos electrónicos institucionales de funcionarios invocando la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la falta de cobertura legal. El Consejo acogió el amparo e interpretó el alcance de la Ley de Transparencia respecto de la información contenida en soportes electrónicos, ordenando la entrega de lo solicitado. La decisión se adoptó con el voto disidente de dos consejeros, quienes estimaron que los correos electrónicos están protegidos por la garantía del artículo 19 N°5 de la Constitución y que la Ley N°20.285 no cumple los requisitos constitucionales para restringir ese derecho, citando además jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se indicó que contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y que no procede recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoTrabajo

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir por Ley de Transparencia los correos electrónicos institucionales de funcionarios públicos?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo e interpretó que la Ley de Transparencia alcanza la información contenida en soportes electrónicos, ordenando la entrega de los correos solicitados al Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué argumentos se usan para oponerse a la entrega de correos electrónicos por transparencia?

En este caso, los consejeros disidentes estimaron que los correos electrónicos están protegidos por la garantía del artículo 19 N°5 de la Constitución y que la Ley N°20.285 no cumple los requisitos constitucionales para restringir ese derecho, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia?

En este caso, se indicó que contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y que no procede recurso de reposición.

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