Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Guatemala por la desaparición forzada de cuatro defensores de derechos humanos integrantes del CERJ, secuestrados en 1989 por individuos armados vestidos como militares, en el contexto del conflicto armado interno. Se discutió si el Estado realizó una investigación efectiva y entregó información sobre el paradero de las víctimas, pese a las gestiones judiciales y administrativas de sus representantes, del Procurador de los Derechos Humanos y del Ministerio Público; el Ministerio de la Defensa alegó no disponer de datos. La Corte concluyó que se trató de una desaparición forzada perpetrada por agentes estatales, de carácter permanente y pluriofensivo, que vulneró la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías procesales y la protección judicial, además de afectar la integridad psíquica y moral de los familiares y su derecho a la protección de la familia. Ordenó medidas de reparación integral: investigar para identificar y juzgar a los responsables, rehabilitación, satisfacción e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.