Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una municipalidad puede convocar a licitación pública la enajenación de un inmueble de su propiedad y la contratación de las acciones necesarias para construir viviendas económicas en el marco de un convenio regulado por el decreto N° 40, de 2004, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El organismo concluyó que, en ejercicio de sus atribuciones legales, las municipalidades están habilitadas para hacerlo como entidades organizadoras, siempre que se ajusten al proyecto presentado ante el Servicio de Vivienda y Urbanización, que las viviendas se transfieran a los postulantes y que cumplan las demás obligaciones del convenio. Sin embargo, en el caso concreto, el plazo para presentar los antecedentes del proyecto y del contrato de ejecución de obras había vencido, por lo que se ordenó a la municipalidad evaluar la regularización de la situación, considerando que afectaba a terceros de buena fe, e investigar eventuales responsabilidades administrativas, informando al órgano contralor.