El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, en el marco de una causa penal en la que el requirente está imputado por porte de arma de fuego prohibida y atentado contra la salubridad pública. La parte requirente sostenía que la norma, al excluir la pena sustitutiva para ciertos delitos, vulneraba la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad de las penas. El Tribunal concluyó que la disposición no es desproporcionada ni discriminatoria, pues el legislador puede establecer penas de presidio efectivo para delitos que contienen un mayor reproche, como el uso de armas prohibidas. Precisó además que la eventual pena que pudiera imponerse corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por esta Magistratura.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
Ley Nº 18.216, artículo 1°, inciso segundo
inconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de las penasderechos humanosConvención Americana sobre Derechos Humanos
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional excluir la pena sustitutiva de la Ley 18.216 para delitos como el porte de arma de fuego prohibida?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que la exclusión no es desproporcionada ni discriminatoria, porque el legislador puede imponer presidio efectivo a delitos de mayor reproche, como el uso de armas prohibidas.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que la Ley 18.216 excluya penas sustitutivas para algunos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no hay vulneración de la igualdad ante la ley, pues la diferencia de trato responde a un mayor reproche penal de ciertos delitos y no es arbitraria.
¿Quién determina la pena concreta que se impone en un caso de porte de arma prohibida con esta exclusión?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena debe ser determinada por el tribunal penal competente y no por esa Magistratura, que solo resolvió sobre la constitucionalidad de la norma aplicable.
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