El Consejo para la Transparencia conoció de un amparo de acceso a la información públic…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció de un amparo de acceso a la información pública presentado por un solicitante que pedía un certificado de prestación de servicios. El Consejo razonó que este tipo de certificaciones se rige por normas especiales y no constituye el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia, por lo que no procedía pronunciarse sobre el fondo. En consecuencia, el Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, declaró inadmisible el amparo, ordenó notificar la decisión al solicitante y precisó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N°19.880.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia para solicitar un certificado de prestación de servicios?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo, porque este tipo de certificaciones se rige por normas especiales y no constituye el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra la decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo precisó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N°19.880.
¿El Consejo para la Transparencia se pronuncia sobre el fondo cuando el amparo no se refiere al derecho de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo razonó que no procedía pronunciarse sobre el fondo, porque la solicitud de un certificado de prestación de servicios se rige por normas especiales y no constituye el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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