La Corte Europea de Derechos Humanos examinó la muerte accidental de un niño de 12 años…
Sentencia · 2024
Resumen
La Corte Europea de Derechos Humanos examinó la muerte accidental de un niño de 12 años, causada por un disparo de una persona con antecedentes de abuso de alcohol, conductas violentas y posesión ilegal de armas de fuego. Se discutía si Croacia cumplió sus obligaciones positivas bajo el artículo 2 del Convenio (derecho a la vida), pese a denuncias anónimas previas sobre la tenencia ilegal de armas. La Corte acogió la demanda y declaró una violación del artículo 2, al estimar que las autoridades no actuaron con la diligencia debida frente a alegaciones serias, sin que se probara un riesgo real e inmediato conocido por ellas. Se ordenó el pago de 30.000 euros por daño moral y 830 euros por costas y gastos, más intereses en caso de mora.
Normas citadas
Artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Artículo 44 § 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
derecho a la vidaobligaciones positivas del Estadocontrol de armas de fuegoseguridad públicanegligencia estatalprotección de menoresdaño moralCorte Europea de Derechos Humanos
Preguntas frecuentes
¿Puede un Estado ser responsable por una muerte causada por un particular si había denuncias previas sobre armas ilegales?
En este caso, la Corte Europea de Derechos Humanos declaró una violación del artículo 2 del Convenio, al estimar que las autoridades de Croacia no actuaron con la diligencia debida frente a denuncias serias sobre la tenencia ilegal de armas, aunque no se probara un riesgo real e inmediato conocido por ellas.
¿Qué indemnización puede ordenar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando declara una violación del derecho a la vida?
En este caso, la Corte ordenó pagar 30.000 euros por daño moral y 830 euros por costas y gastos, más intereses en caso de mora, tras acoger la demanda por la muerte de un niño de 12 años.
¿Qué obligaciones positivas tiene el Estado para proteger la vida frente a riesgos creados por terceros?
En este caso, la Corte sostuvo que el artículo 2 del Convenio exige a las autoridades actuar con la debida diligencia frente a alegaciones serias, y que su incumplimiento generó responsabilidad del Estado por la muerte accidental causada por una persona con antecedentes de abuso de alcohol, conductas violentas y posesión ilegal de armas.
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